De acuerdo a lo explicado en el documento de 25 artículos, la propuesta consiste en “un proyecto de ley que encuadra las medidas sanitarias que el Poder Ejecutivo, bajo ciertos parámetros, tiene como facultad disponer como mecanismo de mitigación del contagio de COVID-19”.

Las medidas sanitarias previstas en esta ley se aplicarán “a todos los habitantes del territorio nacional y a quienes ingresen en este de manera temporal o permanente, dentro de los límites del espacio definido como zona de emergencia y por el periodo de tiempo que, para tal efecto, sea establecido en el decreto correspondiente”.

Asimismo, se prevé la instauración de una Junta de Emergencia Sanitaria como instancia interinstitucional responsable de la coordinación de acciones para hacer frente a la emergencia sanitaria, misma que será encabezada por el presidente de la República, o su delegado, y será integrada observando las disposiciones que, para el efecto, se emitan por decreto.

Las reuniones de esta Junta de Emergencia serán convocadas por la presidencia de la República y se celebrarán, ordinariamente, cada quince días y, extraordinariamente, según circunstancias urgentes.

Se menciona además que el Ministerio de Salud Pública, presentará sus reportes, informes y propuestas según el mérito de la situación sanitaria a ser tratada en la instancia interinstitucional.

El proyecto resalta que las personas físicas o jurídicas que infrinjan las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo quedarán sujetas al procedimiento administrativo y a la aplicación de las sanciones previstas en esta ley.

FACULTADOS DE LA POLICÍA NACIONAL

La Ley dispone que los policías tendrán la facultad de acompañar a las autoridades administrativas en el proceso de control y fiscalización de las normas sanitarias, en caso de que éstas lo requieran.

También podrán constatar las violaciones a las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo en los lugares públicos y privados de uso público, siempre y cuando la intervención no pueda ser efectuada por los demás órganos administrativos de control y fiscalización.

Los uniformados tendrán la labor de instar al infractor a que dé cumplimiento a las medidas sanitarias y labrar acta de los incumplimientos y comunicar lo sucedido al Ministerio de Salud Pública, para dar inicio al procedimiento administrativo sancionador.

En caso de constatarse resistencia o la presunta comisión de otros hechos punibles, se dispondrá la aprehensión del infractor y ponerlo a disposición del Ministerio Público en un plazo no mayor de seis horas.

SANCIONES

El proyecto de Ley refiere que el incumplimiento de las medidas sanitarias, conllevará la aplicación de las sanciones previstas, “a través del procedimiento señalado en el presente marco legal, sin perjuicio de otras responsabilidades legales que resultaren aplicables”.

Las sanciones a ser aplicadas por el Ministerio de Salud Pública serán, según el caso, las siguientes: amonestación o multa de 5 a 300 jornales

Se prevé que el importe de las multas percibidas por el Ministerio será depositado en una cuenta especial que fiscalizará el Ministerio de Hacienda y destinado a incrementar y fortalecer los programas relacionados con la emergencia sanitaria.

VACUNACIÓN IRREGULAR

En el Artículo 23 del proyecto de Ley se estipula que “el que siendo funcionario utilice su cargo o posición para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna contra el COVID-19, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa”.

La sanción será aplicable igualmente la inhabilitación a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por diez años.

Por otra parte, se dispone que el que hurtara vacunas, insumos o medicamentos empleados en el combate a una epidemia sanitaria, “será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 6 años”.

Si el autor o partícipe fuese funcionario será inhabilitado a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por diez años.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

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El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

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Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

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Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

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En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

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Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.